Despidos y cierre de sucursales de Sancor. Enseñanzas de una lucha obrera en Rosario

Fuente: Juventud Guevarista
En el sur de Santa Fe han explotado conflictos laborales que reflejan la actual correlación de fuerzas entre los trabajadores y las grandes empresas que, para centralizar su producción y distribución y orientarse al mercado externo, cuentan con el apoyo irrestricto de la burocracia sindical y el mismo Estado. El caso del Centro de Distribución Rosario, donde la firma empezó por 11 despidos y luego cerró el local del que dependen 100 familias, es un ejemplo que permite aproximarnos a un análisis de estas realidades que contradicen el discurso gubernamental de defensa del empleo y los derechos humanos. La lucha contra la burocracia sindical, un factor clave en la disputa.

Dilatar los tiempos, apuntar al desgaste, ceder frente a la actitud irreductible de las empresas. A eso han tendido las posiciones tomadas por el gobierno nacional y provincial en sucesivos conflictos laborales. No obstante, a diferencia de las disputas obreras dadas en momentos de crisis económicas, los casos actuales han intentado ser teñidos desde el estado con discursos de imparcialidad y voluntad política de resolver armónicamente los conflictos entre trabajadores y empresarios.

La clase trabajadora por su parte ha venido recuperando desde el 2001, a través de la lucha, varios de los derechos económicos y sociales que les arrebataron los militares genocidas y los empresarios durante la última dictadura militar y los gobiernos constitucionales que le sucedieron. Sin embargo, la recuperación de esos derechos es insignificante comparada con la enorme cantidad de capital que acumulan los monopolios. Riqueza que es producida por los trabajadores y apropiada por los dueños de esas grandes empresas.

En esta intrínseca lucha de clases es que cada conflicto pone en juego diversos intereses y complicidades. Así, la destacable imagen de imparcialidad y apego a los derechos laborales que ha mostrado el gobierno en algunos conflictos entre trabajadores y patronales -como en el caso del grupo Clarín-, se ve desdibujada en los casos de Sancor en Rosario y de la autopartista Paraná Metal en Villa Constitución. En el camino, se detecta la importancia central de la burocracia sindical que, siendo parte orgánica de los aparatos políticos gubernamentales, asume la función de disciplinamiento de los trabajadores.
¿Qué es el conflicto en SanCor Rosario?
Los trabajadores de la industria láctea de Rosario vienen teniendo años de intensas luchas. En 2008, sufrieron sucesivas y violentas agresiones de la burocracia sindical nacional del gremio ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina), que culminaron con la intervención y disolución de la seccional local. A los pocos meses, la quita de trabajo en el depósito de SanCor y la quiebra virtual de otra láctea que le pertenece: COTAR. Finalmente, en 2010 el despido de 11 activistas gremiales del centro de distribución de SanCor Rosario con el temido desenlace: el cierre de ese depósito del que dependen 100 familias y que tenía la función de abastecer Rosario y zona de influencia.

Bajar las persianas del depósito local de SanCor y trasladar las tareas a la ciudad de Gálvez (a 140 km de Rosario) no tiene que ver directamente con el proceso de ajuste y ‘reestructuración’ que la empresa viene llevando adelante a nivel nacional desde el año 2002 y llevó a la pérdida de 2000 puestos de trabajo en 8 años.

Rosario es la plaza de ventas más importante de la región y como tal, el hecho de ser abastecida desde otro lugar es, a la vista de cualquiera, mucho más costoso y complicado. De hecho, este cambio en el mapa de distribución llevó a que SanCor comercialice mercadería en mal estado. Al traer la producción de Gálvez y no contar con depósitos refrigerados propios, realiza cargas y descargas en la calle, violando la cadena de frío, con el consiguiente riesgo para la salud de quienes consumen esos lácteos.
En realidad, la modificación del circuito de comercialización de SanCor responde a una política persecutoria y discriminatoria hacia los trabajadores que hace décadas se organizan en Rosario bajo los valores de solidaridad y democracia sindical. Y, fundamentalmente, esta decisión viene a ampliar la posibilidad de explotación de la fuerza laboral en favor de la ganancia empresaria y en desmedro de la calidad de vida de los trabajadores y consumidores.

Lamentablemente, el hecho de que el depósito de SanCor no sea una fábrica sino un centro distribuidor, ubica a sus trabajadores en una posición más dificultosa para llevar adelante sus peleas. La capacidad que tienen de afectar a la empresa y al mismo Estado con sus medidas de lucha es mucho menor que la de un centro de producción, o los trabajadores de un puerto que, con un día de protesta hacen perder millones a los patrones y al Estado.

¿Qué es y qué representa históricamente SanCor

SanCor nació como cooperativa hace 73 años en Sunchales, por lo que esa localidad santafesina es “la cuna del cooperativismo”. Actualmente procesa más del 20 por ciento de la leche argentina y cuenta con una red de 1500 productores para abastecerse. Sus líneas de quesos, leche en polvo, manteca, postres, dulce de leche y yogures se venden en decenas de países de diversos continentes. De hecho, en el ejercicio 2009 – 2010, la firma superó los $ 2.930 millones en ventas.

Pero, lejos de los valores cooperativos que deberían regirla, SanCor ha tenido un comportamiento histórico de concentración económica y persecución a sus trabajadores. Esto se refleja en un dato concreto: según los registros de la propia CGT y ex presos políticos, todos los des-aparecidos de la industria láctea durante la última dictadura militar eran trabajadores de SanCor.

Sin embargo, ‘haciendo la vista gorda’ a la complicidad de esta empresa con la dictadura contrarrevolucionaria de 1976, en 2006 el Gobierno Nacional le facilitó un salvataje mediante una inversión del estado venezolano de 135 millones de dólares, sin que se sepan los motivos de dicho déficit. No obstante, la empresa continuó con su política de concentración, cerrando en menos de 10 años seis fábricas y casi una decena de depósitos como el de Rosario y exonerando a 2000 obreros a nivel nacional. A esto se suma que los ‘retiros voluntarios’ son abonados por los propios trabajadores en términos de ‘aportes solidarios mensuales’ ($110 descontado por recibo a cada empleado), que terminan solventando la política de SanCor. Las medidas de la frma láctea no tuvieron ni tienen entonces nada de nacional y menos de popular. Esta maniobra de “reestructuración” de la empresa, fue denunciada por la Seccional Rosario del gremio ATILRA, mucho antes y después de su irregular intervención y disolución.

¿Cómo interviene el Estado en el conflicto?
Si de conflicto laboral hablamos, el Estado en el nivel Provincial y Nacional, tiene un área encargada de intervenir para ‘mediar’: el Ministerio de Trabajo. A la par, hay numerosos ministerios y secretarías que a veces incluso colisionan con las intenciones y funciones del área de Trabajo. Por ejemplo, el Ministerio de la Producción y el de Agricultura de Santa Fe han tenido en su dirección históricamente a personas vinculadas a la industria láctea. Sin ir más lejos el actual presidente de la cámara patronal lechera, Miguel Angel Paulón, fue Ministro de Agricultura durante la gobernación de Carlos Alberto Reutemann –repudiado por ser el responsable de los asesinatos de 2001 en la provincia e inundador de la ciudad de Santa Fe-.

En el caso del depósito de SanCor, en mayo de 2010 cinco reconocidos activistas gremiales fueron despedidos bajo la causa de “alteración del orden interno”. Todos ellos, miembros de la Seccional Rosario de ATILRA, que venía siendo hostigada por el secretariado nacional del sindicato, encabezado por Héctor Luis Ponce.

Entre los cesanteados había dirigentes históricos, como Ariel Chávez. Él fue Secretario Adjunto de la Seccional Rosario hasta que, luego de 17 años de operar en SanCor, fue golpeado dentro de su lugar de trabajo el 27 de noviembre de 2008, hecho que llevó al procesamiento de los secretarios generales de dos regionales de ATILRA y un miembro de comisión directiva -todos ellos del entorno de Ponce-. Cinco días después, Ponce vino a Rosario con una patota de 900 personas que intentó copar con inusitada violencia la sede gremial, ocasionando la trágica muerte del tesorero de ATILRA Córdoba y varios heridos. Tras aquellas agresiones, Chávez fue expulsado del gremio y, luego, despedido por SanCor.

Cuatro audiencias en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, otras seis en el Ministerio de Trabajo de la Nación y hasta una multa de $82.500 a SanCor por incumplir las instancias conciliatorias, no llevaron a un acercamiento de posiciones. Los despedidos iniciaron a fines de agosto de 2010 una causa judicial por considerar la maniobra de SanCor “discriminatoria, persecutoria y antisindical”.

En septiembre de 2010 SanCor dejó sin trabajo a otros 6 empleados, lo que llevó a los trabajadores a iniciar un paro total. A fnes de noviembre, pese a haberse frmado un acuerdo que destrababa el conflicto, la empresa cerró el Centro de Distribución Rosario y trasladó a sus empleados a Gálvez para deshacerse del activismo lácteo no adicto a Ponce. Los obreros rosarinos resisten hasta hoy esta violación a la libertad sindical que implica, además, la violación a la Ley de Contrato de Trabajo.

El comportamiento particular del gobierno, en el contexto de la propaganda oficialista que muestra los beneficios otorgados al pueblo -por ejemplo, en materia de la recuperación de las paritarias y otros derechos laborales- responde a la composición de su estructura política para llevar adelante lo que ellos mismos denominan el “modelo” o el “proyecto nacional y popular”. Éste se basa en la incorporación del sindicalismo en la estructura de gobierno. Tanto Ponce, como el Secretario General de la CGT, Hugo Moyano, forman parte del aparato político kirchnerista. Esto evidencia que el modelo sindical sostenido por los empresarios y el gobierno es precisamente el opuesto al que construyen los trabajadores lácteos rosarinos.

En casos como el de SanCor se ratifica así lo que la historia ha demostrado: los sectores del poder (gobierno y empresarios) no respetan siquiera la misma legalidad que ellos pregonan cuando las reglas de juego perjudican los intereses de alguno de sus aliados. Por ello, el conflicto de Sancor deja un interrogante: si el gobierno, durante una época de tanta rentabilidad para las empresas, avala estas injustas maniobras contra los obreros de Sancor, propiciadas por los empresarios en alianza con cierto sindicalismo burocrático: ¿cuál será la política sindical del gobierno cuando nos afecte una nueva crisis económica, como periódicamente ocurre?

¿Qué características diferenciaban a la Seccional Rosario de la práctica sindical de ATILRA Nacional?
Los sindicatos y asociaciones tienen autoridades de diferentes niveles: seccionales, regionales, nacionales. La Seccional Rosario de ATILRA y la agrupación sindical que surgió tras su desguace, han tenido planteos que pusieron en clara contradicción a las autoridades nacionales del gremio. A la par, en nuestro país rige el modelo denominado de personerías gremiales, que responde a una forma de organizarse de los trabajadores del movimiento obrero argentino de hace 60 años, por el que a un solo sindicato por actividad se le reconocen una serie de derechos exclusivos. Hoy, con niveles de afliación sindical bajísimos, la precarización laboral y los escasos cuerpos de delegados (sólo el 12% de los establecimientos cuenta con representantes gremiales), la realidad es muy distinta a la de los años 50’.

ATILRA Seccional Rosario, se construyó a partir de los valores de solidaridad, fraternidad, la democratización de los debates y las decisiones, la participación activa de todos los compañeros/as, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace y el colectivo como única fuente de legitimidad. Todo ello para luchar por mejores condiciones laborales, creación y defensa de los puestos de trabajo y la efectivización del personal tercerizado. Esto último se choca históricamente con los intereses de las patronales, la burocracia sindical y el Estado, cuyo gobierno actual incluye en su proyecto la precarización laboral a través de la terciarización. El reciente caso de la Unión Ferroviaria y el asesinato de Mariano Ferreyra da trágica cuenta de eso.

En contraposición, las autoridades nacionales de ATILRA, han resuelto varias contradicciones internas a través de la violencia y la persecución de quienes priorizan los intereses de los trabajadores, antes que la rentabilidad de las empresas. Para eso se valen del apriete patoteril en diversos niveles y venden espejos de colores a los afiliados, haciéndoles ver que cumplen su tarea sindical sólo proporcionando medidos aumentos salariales. Además, cabe mencionar que entre 2009 y fnes de 2011, ATILRA percibirá de parte de SanCor -además de los que corresponden por ley- $17.250.000 en concepto de aporte patronal directo al secretariado nacional.

Agustín Tosco definía que “la burocracia sindical es (…) reducir todo al sindicalismo, de administrar, desde posiciones de poder, los beneficios sociales, de discutir especialmente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. (…) Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan para repartir lo que hay en los sindicatos y los que luchan desde dentro del sindicato por las reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas reivindicaciones nacionales, por esas otras reivindicaciones sociales, (..) latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad. A la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Eso es ser representante sindical y no simplemente burócrata”.

¿Cómo podríamos superar la etapa actual?

Articular la solidaridad de clase más allá de los límites de la Seccional Rosario, ha sido una política de construcción para los compañeros. Sin lugar a dudas, la lucha de los obreros de SanCor se vio más fortalecida cuando pudo articularse con las demandas de los obreros de la autopartista Paraná Metal, empresa vaciada por sucesivas patronales y liquidada por el Empresario K, Cristóbal López. .

En ambos casos, los sectores de poder apostaron al desgaste y la disgregación. El resultado final fue la eliminación de los puestos de trabajo que exigían ambas patronales desde el inicio de cada uno de los conflictos. No obstante, es de destacar la capacidad que tuvieron ambos sectores obreros de Rosario y Villa Constitución para aglutinar un amplio apoyo del pueblo a sus justas causas. Detrás de todas estas luchas está latente la necesidad que se manifesta en la clase trabajadora en torno a la representación sindical.

La autonomía de clase como objetivo estratégico, es lo que diferencia a ATILRA Rosario de la cúpula Nacional. Mientras la primera, disputaba por los derechos de los obreros desde sus necesidades, la segunda, en sociedad con las empresas lácteas, prioriza los intereses de los patrones, que toma y defiende como propios. Para ello se saca de encima a quienes pelean por la dignidad que otorga elegir cómo llevar adelante las luchas reivindicativas de carácter colectivo.

Pese a la heroica lucha que sostienen los trabajadores lácteos rosarinos, no han podido sortear las dificultades de una etapa de la lucha obrera de carácter defensiva. Lo hemos visto en Paraná Metal y en la lucha de los tercerizados ferroviarios.

Ampliar la lucha sindical y asumir la confrontación política implica una construcción autónoma en defensa de los propios intereses de clase. El territorio de disputa siempre lo define la clase dominante. En las décadas del ´60 y ´70 apeló a la dictadura militar como forma de gobierno. Hoy la dominación la ejerce a través del Parlamento y la Justicia. En aquel entonces, la lucha armada fue la respuesta que encontraron los trabajadores y el pueblo, frente a la inexistencia de canales de participación política.

En los tiempos actuales, luego de 30 años donde las derrotas han sido más que las victorias, la situación es diferente, se han recuperado algunas significativas conquistas perdidas. Por ello, en esta etapa donde la dominación se ejerce a través de los procesos electorales tenemos que prepararnos para el logro de un gobierno de trabajadores/as que sea capaz de revertir la situación política a favor de los intereses del pueblo y en contra de las grandes empresas monopólicas.

Como acertadamente planteó Tosco, “creemos en la lucha del pueblo, que está más allá de un día en que se pone una boleta”, por eso tenemos la convicción de que el movimiento obrero y sus organizaciones deben “ser una palanca para transformaciones revolucionarias en esta sociedad capitalista”. Sin lugar a dudas el modelo garantizado por ley impide esto último, pues le otorga legalidad a aquellas estructuras sindicales que a su vez forman parte y representan los intereses de las cúpulas partidarias de la burguesía. En la articulación de las luchas y el fortalecimiento de nuestras convicciones encontraremos el camino para, que quienes luchan, pasen de formar parte del ejército de desocupados, a ser quienes con su experiencia y junto al pueblo, dirijan el proceso inexorable a una sociedad más justa.